Esta edición del boletín del WRM está enfocada en una de las estrategias clave que vienen utilizando las industrias (principalmente extractivas) para lograr expandirse bajo el marco de la llamada “economía verde”: las compensaciones por pérdida de biodiversidad. Consideramos importante alertar sobre el fuerte empuje corporativo que intenta lograr que los gobiernos flexibilicen sus leyes sobre medio ambiente y así acepten ciertas actividades industriales en áreas antes consideradas inviables. El único requisito es que se “compense” la pérdida por la biodiversidad que será destruida al implementar la actividad industrial. Estos proyectos de compensación ocasionan una doble destrucción, explotación y dominación: por un lado, los territorios afectados por las actividades industriales y, por el otro, los territorios que son blanco de los proyectos de compensación. Estos últimos generalmente conllevan una severa destrucción social y cultural.
Para entender la lógica en la que se basan las “compensaciones”, ya sean de biodiversidad, carbono, agua u otras similares, es importante tener siempre en cuenta lo siguiente: el objetivo principal de los mecanismos de compensación es el de permitir que el modelo económico dominante, dependiente de combustibles fósiles, continúe por más tiempo y se expanda. Su adopción fue necesaria para aparentar que frente a las actuales crisis socio ambientales, tanto los gobiernos como las empresas responsables de las crisis actuales están realizando acciones hacia un modelo más “verde”. Sin embargo, esta cortina de humo llena de discursos engañosos y compromisos vacíos en realidad profundiza cada vez más dichas crisis.
El considerar este punto de partida nos permite comprender el por qué los mecanismos de compensación no pretenden detener los motores que vienen ocasionando la devastación de territorios y bosques. Por el contrario, éstos permiten ampliar las actividades destructivas a áreas que hasta hace poco tiempo era inimaginable que fueran a ser entregadas para la explotación. Es así que las industrias mineras, petroleras, de infraestructura, de plantaciones de monocultivo, de mega-hidroeléctricas, entre tantas otras, junto con los miles de kilómetros de caminos de acceso, campamentos de trabajadores, pozos de drenaje y demás impactos que la gran mayoría de estas industrias acarrean, siguen expandiendo sus operaciones y beneficios. No olvidemos que el modelo económico dominante y estructuralmente racista y patriarcal, vierte casi la totalidad de su destrucción, ocupación y violencia sobre las poblaciones indígenas y campesinas, con el objetivo de seguir explotando, produciendo y por tanto, acumulando ganancias.
Las compensaciones además facilitan que dichas industrias, junto a sus aliados (ya sean gobiernos, ONGs de la conservación u otros), tengan acceso a cada vez más tierras. Al final de cuentas, la compensación viene a ser una luz verde para que la actividad destructora prosiga dentro de los marcos de la ley - no obstante se vaya a destruir un área que antes no hubiese podido ser destruida, al menos de manera legal y/o legítima. La única condición es que la biodiversidad destruida en el lugar de las operaciones sea recreada o reemplazada en otro lugar. Para lograr esto, el argumento de base es que la destrucción en un lugar debe ser “equivalente” a la supuesta protección o (re)creación de otro. Sin embargo, esta “equivalencia” en realidad esconde importantes contradicciones y cuestiones de poder, derechos territoriales, inequidades, violencia e historial colonial.
Ya que el objetivo no es detener la destrucción sino más bien “compensarla”, los proyectos de compensación están enfocados en su gran mayoría en las tierras de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales dependientes de los bosques. En muchos casos se requiere que las comunidades de los bosques entreguen sus tierras -o el control sobre sus tierras- al servicio de los proyectos de compensación. El mecanismo de las compensaciones entonces ocasiona una doble destrucción, explotación y dominación: por un lado, los territorios afectados por las actividades industriales extractivistas/capitalistas y, por el otro, los territorios que son blanco de los proyectos de compensación. Estos últimos generalmente no conllevan una destrucción ambiental, ya que supuestamente deben proteger un área para que sea conservada, pero la experiencia nos enseña que sí conllevan, en su gran mayoría, una severa destrucción social y cultural.
Las “áreas de compensación” tienen que estar bajo algún tipo de amenaza, al menos en el papel - ya que si no fuera así, para qué se necesitaría de un proyecto para protegerlas. Por ello, casi la totalidad de estos proyectos identifican a las comunidades tradicionales como las principales amenazas a su conservación. Se imponen numerosas restricciones al acceso, control y derechos de uso comunitario de los bosques que son convertidos en proyectos de compensación. Sus defensores argumentan que la “conservación” solo puede ser “exitosa” cuando se hace desde la práctica occidental dominante, que tiene sus raíces en la colonización. Es decir, en la creación de parques cercados o “naturaleza sin gente”. La usurpación de los derechos de uso y control territorial – y por ende de tradiciones, culturas y medios de subsistencia - de las comunidades dependientes de los bosques es fundamentalmente racista y violenta. (Ver más sobre Racismo Ambiental en el Boletín 223 de abril 2016).
Y entonces, ¿cómo funciona en la práctica la llamada compensación por pérdida de biodiversidad?
Ante todo, las compensaciones por la pérdida de biodiversidad deben poder medir y cuantificar “la biodiversidad”. Se debe establecer y categorizar los elementos que serán destruidos para luego ser recreados en otro lugar o asegurarse que la protección de otro lugar tenga un balance “equivalente” de estos elementos. Claro que al reducir la destrucción de un territorio en un lugar específico, con una historia y muchas historias específicas, en un tiempo específico, a meras categorías y mediciones, silencia la coexistencia de pueblos, culturas, tradiciones, interconexiones, entre muchos otros aspectos de los bosques y territorios. Lo importante, bajo esta lógica, es aquello que es posible de medir y por tanto de intercambiar o reemplazar.
Los criterios de inversión de los bancos multilaterales – tales como los bancos de desarrollo regionales o el Banco Mundial – tienen como objetivo influir en la legislación ambiental de los países. Asimismo, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo privado del Banco Mundial, cambió su Norma de Desempeño número 6 en 2012. Toda empresa que quiera acceder a un préstamo de la CFI y que con sus actividades vaya a destruir lo que la CFI considera “hábitat crítico”, debe presentar un plan que establezca que la biodiversidad destruida será compensada en otra parte. En consecuencia, siguiendo las “reglas” establecidas por el poder corporativo concentrado en las instituciones financieras, cada vez son más los gobiernos, principalmente del sur Global, que flexibilizan sus leyes sobre medio ambiente para aceptar la viabilidad de ciertas operaciones antes consideradas inviables, siempre y cuando compensen la pérdida por la biodiversidad que será destruida al implementar el proyecto.
Muchos de los proyectos de compensación por la pérdida de biodiversidad son presentados como “proyectos de conservación”, lo que ha resultado en escaza información y de difícil acceso. En estos casos, las restricciones de uso de los bosques que se les impone a las comunidades son también enmarcadas con argumentos de conservación. Esto es muy problemático. En la práctica, se esconde el hecho de que al impedir que una comunidad haga agricultura de supervivencia o practique la caza o la pesca, en realidad se le está permitiendo a una corporación que extraiga petróleo o que se construya una mega-represa en áreas muchas veces incluso protegidas por su diversidad biológica. Una vez más, el modelo económico dominante, reforzado por el sistema de compensaciones, muestra sus atributos dominantes y racistas.
Peor aún, en ciertos casos, las empresas afirman que incluso “crean” “más biodiversidad”, por ejemplo, cuando además del proyecto de compensación, implementan actividades complementarias, como el plantío de árboles para “enriquecer la biodiversidad” del área. A esto le llaman tener un “impacto positivo neto”. El resultado es que una empresa minera –extremadamente destructiva – termina publicitando que sus actividades no solo no tienen impactos sino que además son positivas para con el medio ambiente. Las comunidades, por otro lado, son compelidas a cambiar sus prácticas, algunos miembros podrían convertirse en guardaparques –reportando si sus familiares y vecinos están siguiendo o no las reglas impuestas por el proyecto de compensación- o dejar sus territorios por volverse inviables para mantener sus medios de subsistencia.
En otras palabras, el mecanismo de las compensaciones por pérdida de la biodiversidad es una estrategia para que las industrias destructoras de territorios puedan expandirse aún más y sin violar las legislaciones. La vida diversa que se destruye jamás podrá ser recreada o reemplazada. Cada espacio, cada tiempo, cada interconexión es única. Mecanismos de compensación como estos, que pretenden convertirse en políticas nacionales y regionales, tratados internacionales y al final de cuentas en el “status quo”, imponen una mirada del mundo basada en la dominación de la vida del otro. Es además evidente que esta imposición no es fortuita sino más bien violentamente racista.
En consecuencia, es fundamental solidarizarse activamente con las luchas por la defensa de los territorios y, al mismo tiempo, desenmascarar estos mecanismos para eventualmente romper con los paradigmas de dominación y abrir el espacio para no solamente respetar sino también aprender de los muchos otros mundos existentes.
Disfruten de la lectura!